Tegucigalpa, Honduras. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentó los resultados de una investigación, en la cual se detalla que de 2007 a 2018, se ejecutaron más de 62 millones de lempiras, sin control en el Congreso Nacional a través del fondo departamental.
Uno de los hallazgos presentados, es que durante los 15 años de vigencia, detectaron cuatro mecanismos diferentes del fondo departamental, el cual, señalaron fue una estrategia política clientelar, en relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; entre la presidencia del CN y los diputados, entre políticos y activistas, entre diputados y sus votantes.
Asimismo, puntualizaron que, el marco legal y los controles estatales (presidencia del Congreso, comisiones de presupuesto, oficina de auditoría interna, Secretaría de Finanzas (Sefín), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entre otros), fueron incumplidos y solo utilizados para dar apariencia de rigurosidad.
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Otro de los hallazgos, fue que se utilizaron ONG para ejecutar proyectos que superan los 8 millones de lempiras y existe una falta de documentos para la verificación de los mismos en la Sefin. La ASJ acudió a las alcaldías y confirmaron que esos proyectos nunca iniciaron.
Al menos 38 informes de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), publicados en 2019, fueron comparados con la información de las comunidades beneficiarias.
Según la ASJ, el expresidente del Congreso, Mauricio Oliva, en 2013 gestionó el proyecto de fumigación y combate al dengue en los municipios de Marcovia, Morolica, Apacilagua, Namasigüe, San Isidro, San José y El Corpus.
Ejecución de los fondos
De acuerdo con la investigación, en Choluteca se ejecutaron 17 millones 550 mil lempiras, donde hubo una contradicción del auditor y lo presentado en los informes.
También, aseguraron que en la alcaldía no hay registro del proyecto y el ejecutor no contaba con experiencia en proyectos viales.
En El Paraíso, se invirtieron 9 millones 50 mil lempiras, de los cuales los informes no contrastaron con lo encontrado por el auditor. Asimismo, las firmas de beneficiaros no coincidieron con las obtenidas en entrevistas de campo por el TSC.
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Por su parte, en Francisco Morazán, se ejecutaron 6 millones 750 mil lempiras, desembolsados por la Sefin, sin verificar la documentación requerida. El TSC extendió una solvencia y eximió a la organización ejecutora, sus representantes y al diputado gestor de los hechos.
Sin embargo, en Valle, se desembolsaron 16 millones 580 mil lempiras; en Santa Bárbara, se ejecutaron 12 millones 350 mil lempiras,
En conclusión, se reportó un total de 62 millones 280 mil lempiras destinados en fondos departamentales.
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