TEGUCIGALPA, HONDURAS. Alrededor de 206 mil hogares hondureños han sido víctimas de extorsión en 2022, donde se han visto perjudicados más de 847 mil hondureños, de acuerdo con un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justas (ASJ).
El documento titulado como “Impuesto de guerra: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, presenta el flagelo, sus formas de operar, víctimas y la respuesta estatal al respecto.
Según indica el texto, un total de 847,154 hondureños, entre niños, jóvenes y adultos se han visto afectados por el cobro de extorsión. Asimismo, en el informe advierten que ese número podría ir en aumento debido a las nuevas tendencias en el delito.
Además, informa que los compatriotas podrían estar pagando anualmente un monto de 737 millones de dólares (más de 18 mil millones de lempiras) por el «impuesto de guerra».
Entre el impacto que trae este cobro criminal se encuentran la desvinculación escolar, crecimiento de estructuras criminales y freno de empleos y de crecimiento económico. También, trae amenazas, secuestros y homicidios, además de que es un detonante para la migración y desplazamiento forzado.
La tasa más alta de extorsión en el Triángulo Norte
En el escrito también reflejan que se ha dado cobertura al flagelo por parte de las autoridades estatales. Muestra de ello es la creación de instituciones como la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).
No obstante, la respuesta a los esfuerzos es baja, pues Honduras presenta los números más altos de la extorsión en comparación con sus países vecinos, El Salvador y Guatemala.
«Mientras que en El Salvador y Guatemala se han reducido los niveles de este flagelo, Honduras no ha seguido esta tendencia y en la encuesta más reciente presentó la tasa más alta de extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica», indica el informe.
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Nuevas técnicas
Según el informe, lo anterior se debe a que han surgido nuevos tipos de extorsionadores, quienes emplean esquemas no tradicionales y dificultan la investigación.
Entre los nuevos métodos que se emplean están:
- Pagos vía depósitos bancarios y medios digitales
- Rifas clandestinas
- Compra forzada de servicios y bienes (carwash, comida, etc.)
- Prestación forzada de servicios (venta de drogas)
- Préstamos clandestinos
- Uso de mensajería para entrega de dinero de extorsión
Además, entre los rubros más afectados por la extorsión se encuentran:
- Transportistas
- Empresas de suministros
- Vendedores en línea
- Vigilancia
- Mercaditos
- Empresas grandes
- Trabajadores sexuales
En el informe, además, comparten el método tradicional de extorsión, en el cual cumplen los siguientes pasos
- Identificación e investigación de la víctima
- Logística con coordinador de sector y determinación del monto
- Entrega de carta extorsiva o teléfono
- Llamada
- Actos de intimidación
- Aspirante recoge el dinero
Pocas denuncias e imputados
A pesar del incremento en la extorsión, el informe señala que aproximadamente el 99 % de los casos de extorsión nunca son informados a las autoridades.
Mientras tanto, de las carentes denuncias que hay, según datos del Ministerio Público (MP), dos de cada tres víctimas que interponen una denuncia son hombres y la mitad tienen entre 30 y 50 años. Asimismo, la mayoría de personas procesadas por el delito (85.8 %) son hombres entre 18 y 28 años.
Otro dato de interés en el informe es que pese al número extenso de afectados, los imputados que hasta el momento hay es mínimo, siendo un total de 222.
De ese total de imputados se constató que el 96 % tenía una supuesta afiliación con estructuras del crimen organizado. No obstante, también se registraron casos de exempleados públicos, imitadores y personas confabuladas u obligadas a involucrarse en el proceso de extorsión.
Además de eso, el 97 % de los sospechosos se dedicaban a recibir dinero de la extorsión; el 90 % a hacer amenazas; el 96 % a transportar el dinero y menos del 1 % a planificar el delito.
Autoridades involucradas en el cobro de extorsión
Por otro lado, el documento pone al descubierto el involucramiento de funcionarios públicos en el cobro del «impuesto de guerra».
El texto señala que, con base en testimonios de cabecillas de Barrio 18, entre funcionarios del gobierno anterior y la MS-13 existían acuerdos que los beneficiaron judicial y económicamente.
Entrevistados mostraron una carta que deseaban entregar a la presidenta Xiomara Castro, en donde ofrecían reducir la extorsión a cambio de mejores condiciones, libertades en los centros penales y menos persecución contra ellos.
En 2019 se dio el caso de un motorista del Tribunal de Extorsión, quien utilizaba su acceso a información y recursos para delinquir en 2019. Utilizaba el vehículo y el arma que el Tribunal le asignó para intimidar a sus víctimas. Al individuo se le sentenció a 17 años y 6 meses en prisión.
Recomendaciones:
Finalmente, la ASJ enumeró las sugerencias para hacerle frente al flagelo que mantiene sumergida en temor a la población. Entre las recomendaciones se encuentra el crear un plan de solución a largo plazo, uniendo a todos los sectores relevantes y con esfuerzos integrales y sostenibles que ataquen el problema desde sus raíces.
También, proponen crear un grupo de trabajo encargado de diseñar y monitorear una estrategia integral, diversificar y fortalecer las capacidades para la investigación de la extorsión, entre otras recomendaciones.
