TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) compartió este miércoles un informe con los resultados que obtuvo luego de una investigación a la licitación internacional para la contratación de energía bajo la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE).
Uno de los aspectos que destacó la agrupación es el vínculo legal que se estableció con la empresa Energía Renovable S.A. (ENERSA), que participó en la licitación pública 100-009/2017.
En ese proceso de escogencia nada más participaron dos empresas: ALUTECH y ENERSA. Luego de la evaluación, se adjudicó la labor a la última compañía en mención.
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Concurso a paso apresurado
Es oportuno saber que el estudio de ASJ apuntó que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) hicieron el proceso de licitación en menos de cinco meses.
El inicio de ese período de ofertas se registró en septiembre de 2017; es decir, nada más ocho meses antes del vencimiento del contrato que tenía ENERSA.
De acuerdo a las bases de licitación, el contrato debía ser por 10 años. Además, el análisis de ASJ indica que el mismo debía arrancar 30 días de que fuera adjudicado y firmado, pasos que se completaron para el nueve de noviembre de 2018.
Es decir, la empresa ganadora debía tener toda la constitución y el montaje necesario en un mes. Por lo que, seguido, el informe deja entrever que la única compañía que tenía posibilidades reales para cumplir con los requisitos era ENERSA.
¿Por qué ENERSA? «ENERSA era la única que cumplía con esa condición porque estaba instalada», se enfatizó en el escrito.
Llegaron las dudas, pero…
Empero, la Junta Directiva de la ENEE optó, inicialmente, por no adjudicar el contrato bajo la consideración de que el precio era una carga financiera significativa en perjuicio de la estatal eléctrica y el pueblo hondureño.
De manera específica, ASJ asegura que se habló de 10.6903 centavos de dólar por Kwh, lo que se denominó como un exceso.
Entonces, la ENEE suspendió el proceso con la finalidad de elaborar un informe y tomar una decisión; ese tiempo de «meditación» se prolongó en demasía.
Por lo anterior, los directivos decidieron proceder a la adjudicación con el argumento de que tenían la obligación; eso, dado que ENERSA cumplía con todas las regulaciones de la licitación y creían que podía entablar una demanda si no se les otorgaba el contrato.
Detrimento contra el Estado
En virtud de la determinación, ASJ considera que el impacto, durante los 10 años de arreglo, podría ser de unos 4,355 millones de lempiras; o sea, unos 177 millones de dólares.
Un señalamiento más que se efectuó es que a ENERSA le favorecían otros aspectos; por ejemplo, el cambio de la moneda de dólar a euro. Eso podría provocar un golpe de unos 300 mil dólares anuales.
Además, se denunció que ENERSA, por su lado, pactó un pago con otras empresas generadoras. Esos recintos comerciales no habían tenido participación alguna en la licitación, pero pertenecían al mismo grupo empresarial.
ENERSA responde
La compañía señalada, por su parte, se defendió. Los representantes se escudan afirmando que, para su postulación en la licitación, lo hicieron con todas las especificaciones y condiciones establecidas.
Además, afirman que la empresa «ofertó abajo del precio techo establecido por la CREE, por lo que resultó ganadora y adjudicada en el lote correspondiente».
Sobre la acusación de que reciben pagos privilegiados, desde ENERSA se aseveró que no es así y que, más bien, los desembolsos llegan «con los mismos atrasos que a todos los generadores«.
Como conclusión, ENERSA acotó que ni ellos ni otros comercios mencionados en el informe obtienen pagos adelantados o diferenciados.
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