TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) se pronunció ante el nombramiento del procurador y subprocurador de la República de Honduras, instando a crear las condiciones de legalidad y transparencia en las elecciones de funcionarios.
El Congreso Nacional presidido por Luis Redondo nombró a las máximas autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, diferentes entes del país se han declarado en contra de los nombramientos señalándolo como un nuevo «pacto de impunidad».
Por su parte, la ASJ también se pronunció a través de un comunicado donde pidió transparencia y legalidad en las elecciones de altos funcionarios.
En primera instancia, la institución pidió a los partidos políticos resolver el conflicto de las dos juntas directivas del Poder Legislativo mediante un diálogo. Esto lo hicieron para poder legislar con total legalidad, legitimidad y certeza, afianzando así al Estado de Derecho.
Además, expone que durante la primera sesión de la Junta Directiva presidida por Redondo, ha habido un apuro de nombrar al procurador y subprocurador, obviando la transparencia.
«El Congreso Nacional presidido por Luis Redondo procedió a la elección de las máximas autoridades de la PGR, eludiendo los principios de transparencia y deliberación que caracterizan la democracia representativa», señala el escrito.
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«No cumplen los requisitos»
De igual forma, la asociación hizo énfasis en el artículo 229 de la Constitución de la República, en donde plasma los requisitos que deben tener los funcionarios.
Según se expone, estos deben cumplir los mismos requisitos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos requerimientos son: ser abogado y notario debidamente colegiado, haber sido titular de un órgano jurisdiccional por cinco años o ejercido la profesión durante 10 años; caso contrario a los dos funcionarios nombrados por el CN de Redondo.
«Ante la falta de transparencia y deliberación, se desconoce si el CN que preside Luis Redondo verificó tales extremos», detalla.
En ese sentido, el órgano instó a las juntas directivas a tomar en cuenta lo establecido en la Constitución y demás leyes. Además, exhortó a los diputados a crear condiciones de legalidad, transparencia y rigurosidad en los procesos de elección de altos funcionarios públicos.
«Es por ello que las nuevas autoridades electas deben demostrar su voluntad y compromiso de fortalecer el Estado de Derecho y lucha contra la corrupción, para lo cual la PGR es un actor clave como el abogado del Estado, que se encarga de recuperar el dinero robado y malversado», concluye.
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