TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta sobre el decreto de amnistía para la liberación de presos políticos, muchos sectores se han pronunciado, tal es el caso del director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, quien se manifestó a través de su Twitter.
El ejecutivo cuestionó que la presidenta Xiomara Castro sancionara decretos de ley pese a la controversia de haber «dos Congresos» en el país.
«El gobierno de Xiomara Castro sanciona decretos de ley de amnistía y creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) a pesar de haber dos juntas directivas en el Congreso», expresó.
Además, advirtió que «todo encamina a una consulta popular para disolver el Congreso y llamar a una Constituyente«.
#UltimaHora. Gob. de Xiomara Castro sanciona decretos de Ley de Amnistía y creación de CICIH, a pesar de haber dos juntas directivas en el Congreso.
Todo encamina a una consulta popular para disolver el congreso y llamar a constituyente. Ojo CNE#Honduras #DemocraciaCatracha ?? pic.twitter.com/v2mOM9pMfQ
— Lester Ramírez Irías (@ElMundoDeLester) February 5, 2022
El decreto se aprobó el pasado miércoles, 02 de febrero, por el Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo.
Pese a que desde antes que se aprobara tal decreto ya muchos entes manifestaban que se trataría de un nuevo «pacto de impunidad», el CN siguió firme en su aprobación. Asimismo, a pesar de los escándalos sobre la aprobación del decreto por los diferentes delitos que perdona, el pasado viernes salió publicado en La Gaceta.
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Decreto de la amnistía a presos políticos y presos de conciencia
La publicación se realizó el viernes y contiene en sus artículos el perdón de algunos delitos en el contexto del golpe de Estado de 2009.
El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009. También incluye a empleados o autoridades electas.
Al mismo tiempo, a quienes requirieron, acusaron o procesaron criminalmente por protestar contra el golpe de Estado.
El decreto también incluye delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios. Además, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.
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