Redacción. La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) denunció ante el Ministerio Público (MP) a 15 establecimientos farmacéuticos que presuntamente venden medicamentos ilícitos a nivel nacional.
Según la ARSA, se presentaron formalmente tres denuncias ante el MP contra 15 establecimientos identificados como vendedores de productos farmacéuticos contrabandeados, de comercialización ilegal y con alerta sanitaria en el país. Dentro de dichos productos están: la P.P.M.S «Plan B» y Mero Macho, añadió.
Asimismo, las investigaciones realizadas por la ARSA revelaron una serie de acciones que vulneran la salud pública, desafiando las leyes y regulaciones sanitarias del país.
Estos establecimientos han estado involucrados en la distribución de productos farmacéuticos sin las debidas autorizaciones, poniendo en riesgo el bienestar de los hondureños y socavando los esfuerzos del Gobierno por garantizar que los ciudadanos tengan acceso a medicamentos seguros y efectivos, explicó.
Por ello, tras realizar audiencias de descargo, los representantes legales de los establecimientos no lograron validar la procedencia de los productos con sospecha de falsificación que carecían de registro sanitario, indicó.
En tal sentido, la ARSA sancionará a aquellos establecimientos donde se detecten medicamentos sin el respectivo registro sanitario.
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Medicamentos ilícitos
Por su parte, la Comisionada Presidenta de la ARSA, Dorian Salinas, declaró que «la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos son de suma importancia para nosotros. No permitiremos que individuos sin escrúpulos se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas al comercializar productos ilegales y sospechosos de falsificación».
«Estamos comprometidos en tomar medidas legales firmes para erradicar esta práctica y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a productos farmacéuticos de calidad», apuntó.
Las denuncias presentadas incluyen pruebas sustanciales que respaldan las acusaciones contra los establecimientos implicados. Locales a cuales se les decomisó productos identificados previamente durante las inspecciones, según la ARSA.
Las sanciones por dicho delito pueden ser penas de 13 años de prisión o lo que la autoridad considere competente, agregó.
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