TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se pronunció en las últimas horas antes las invasiones de tierras en el territorio hondureño, por lo que demandó nuevamente al gobierno resolver con urgencia este conflicto.
El director de COHEP, Armando Urtecho, catalogó las invasiones como un acto de corrupción por parte del gobierno y las personas invasoras. Señaló que las autoridades no tienen «el valor suficiente para imponer la ley».
«Si usted ve que hay invasión en la propiedad privada y las autoridades no hacen nada, esto incentiva mayores invasiones. La corrupción no solamente es robar, es permitir que otros hagan lo que no debe hacerse», dijo Urtecho.
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Manifestó que la situación debe resolverla lo antes posible, ya que si el problema no se solventa no llegará la inversión al campo. Asimismo, provocará mayor inseguridad jurídica y un descalabro en el sistema de alimentos de Honduras.
Detalló que las primeras invasiones en el departamento de Colón se dieron en el año 2017 y ocurrieron once en el año 2021.
«El gobierno anterior y las autoridades que hoy están en el Poder Judicial y el Ministerio Público no han hecho absolutamente nada y así como vamos tampoco quieren hacer nada», expresó.
Finalmente, pidió a la presidenta Xiomara Castro convocar una reunión en la que estén presentes autoridades del Ministerio Público y representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ocupación ilegal de tierras en Honduras
En conferencia de prensa, el COHEP también dio lectura a su pronunciamiento escrito donde detallaron que actualmente 12,000 hectáreas de tierras se encuentran invadidas.
En el comunicado leído por Santiago Herrera, gerente de Política Económica, se detalla que la situación con el tema de las invasiones de tierra en diferentes zonas del país se ha venido agudizando en las últimas semanas, provocando un incremento en la violencia. Así como desatan caos, pobreza entre sus habitantes, pérdidas de las exportaciones e incremento de la migración.
«La ocupación ilegal de tierras y el robo de cosechas es un problema que afecta a todos los hondureños. Se estima que alrededor de 500 mil empleos se ponen en riesgo y que más de 12,000 hectáreas de tierra están actualmente invadidas», se lee en el escrito.
En ese sentido, hicieron un llamado al gobierno de la República para resolver este conflicto. «Sabemos que es un problema de años, pero creemos en que si existe voluntad, podremos avanzar en torno a resolver esta problemática que ha venido afectando a miles de familias».
De igual manera, recomendó al Comisionado Nacional Derechos Humanos (CONADEH) evaluar la situación y lograr el objetivo del Estado hondureño para lograr las metas de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Finalmente, en el comunicado manifiestan estar dispuestos a trabajar junto a diversas instituciones del Estado para solventar esta problemática.
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