TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este día el Congreso Nacional (CN) citó a los diputados para discutir la reforma del decreto de «Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo«.
No obstante, los diputados miembros de las bancadas opositoras decidieron no ingresar a la sesión virtual programada para las 8 de la mañana.
Los partidos que no ingresaron a la sesión son el Partido Liberal, partido Libertad y Refundación (LIBRE) y los diputados de PINU.
Según confirmó para Diario Tiempo el diputado del partido Liberal, Juan Carlos Elvir, la orden de no conectarse la giró la bancada de su partido.
Por su parte, el diputado de PINU, David Reyes, aseguró que el objetivo era que no hubiera quórum y evitar se aprobaran reformas a la ley.
«Las bancadas de oposición teníamos un acuerdo para no hacer el quorum, sin embargo, el Partido Nacional con sus 61 diputados, más los de Alianza Patriótica, DC y UD. De nada nos sirve que entremos para votar en contra, si sabemos que al hacer quorum ellos van a aprobar lo que quieran», explicó para Radio América.
El decreto ya se aprobó
No obstante, mientras los opositores se manifestaban en contra, el decreto fue aprobado por los diputados que sí ingresaron.
En ese sentido, el Poder Legislativo aprobó reformar los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Inminente.
El decreto aprobado este día destaca que existen funcionarios del Estado que por su alto grado de responsabilidad y naturaleza de sus funciones, se exponen a riesgos extraordinarios y amenazas reales contra su integridad o la de su familia.
Es por ello que los parlamentario vieron necesario la protección por parte del Estado durante el ejercicio de sus cargos y en ciertos casos aun después de haber cesado en los mismos.
En cuanto a eso, Reyes lamentó y rechazó que se haya aprobado las reformas «para proteger altos funcionarios».
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«Se acaba de aprobar en el Congreso Nacional este decreto perverso contra las finanzas del pueblo. Un abuso del Partido Nacional donde pretende tener vigilancia privada para su familia a costa del lomo del pueblo», afirmó.
No se crea una nueva ley, solo se reforma
Por su parte, el CN aclaró que lo que se pretendía era reformar la ley, no crear una nueva, pues esta existe desde el año 2014.
De la misma forma, explica que esta ley ya ha sido reformada en dos ocasiones. La primera en 2015 y la segunda en 2017, para adaptarlas a las nuevas exigencias de seguridad para dignatarios y exdignatarios.
Esta ley tiene como objeto establecer un marco jurídico que regula la implementación de medidas de protección para las personas que presten o hayan prestado sus servicios al Estado. Y que como consecuencia directa de decisiones y actuaciones inherentes a su cargo, estén expuestos a riesgos y amenazas contra su integridad o la de su núcleo.
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