TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), un respetado organismo de estudio y análisis, ha sostenido que en Honduras no hay transparencia ni en los procesos de licitación pública ni en los proyectos de las Alianzas Público Privadas (APP).
Lea informe: Viejos y nuevos retos del endeudamiento publicado en 2014.
FOSDEH ha evidenciado que se adjudican contratos millonarios de concesión de hasta por 30 años, sin justificación alguna.
El documento publicado en 2014 establece que en las Alianzas Público Privadas (APP) Coalianza no informan con detalle los términos de las concesiones, lo que pone en duda la capacidad técnica.
No obstante, el FOSDEH cree que no hay que «satanizar» las APP porque «podrían considerarse como una opción para revitalizar la inversión en el país». También advierte que «lo que se pone en duda es la capacidad técnica, la solvencia ética, la no injerencia de los grandes intereses del sector privado e imparcialidad política-partidaria de la institucionalidad pública, para darle seguimiento al quehacer de estas instituciones como Coalianza».
Malos administradores
Asimismo, el informe establece que la duda de FOSDEH es razonable. Esto porque a través de Coalianza «sectores coinciden en la visión de Coalianza como un mecanismo para la realización de negocios privados sobre la base de los bienes públicos».
De igual forma, «se piensa en Coalianza como la concreción del traspaso de la responsabilidad de la inversión pública del gobierno a manos privadas». (Ver la página 40 del documento).
En esa misma página del informe, FOSDEH sostiene que la adjudicación indiscriminada de fideicomisos debilita la institucionalidad del gobierno al ceder recursos del Estado a la empresa privada. Reza el texto que con ello el Estado renuncia a funciones que legalmente le competen, por ejemplo la ejecución de inversiones para reactivar la economía.
«Significa también admitir la incapacidad administrativa del Estado para gestionar el patrimonio público. Sobre todo en el caso de las empresas públicas por efecto de la improvisación, incapacidad gerencial y la corrupción que las tiene en quiebra.
Lo irónico es que se pretende reactivar estas empresas adjudicando proyectos a conveniencia del que maneja los fondos y dándole plenos poderes al sector financiero para la administración del patrimonio público, que tanto esfuerzos y sacrificios ha costado al pueblo hondureño», explican.
No hay diferencia entre falta de transparencia y corrupción
Por otro lado, FOSDEH enfatiza en que no se conoce de dónde provienen los fondos para estos fideicomisos. «No se sabe si esa procedencia significa tomar recursos bajo amparo legal oficial que quizás no debiera ser contemplados como los temas de pensiones, ahorros que puedan ser contemplados como inversiones eventuales, parte de una cartera de un proyecto o un financiamiento no contabilizado como pasivo o deuda pública».
En la página 42, señala que se deben tomar las medidas necesarias para que no ocurra un problema como el de los «quiebra-bancos», que tomaron dinero del público y que, al final, todo se perdió.
Lo anterior, debido a que «los fideicomisos, sin transparencia y sin supervisión, fomentan la corrupción», sostiene el informe.
El mismo cita como ejemplo la Ley de Promoción y Reconversión de la Deuda Externa, conocida popularmente como Ley Hipoteca, «que entrega, vía fideicomiso, los activos ociosos del Estado en un proceso de adjudicación poco transparente. Aunque se argumenta que los fideicomisos mejoran la eficiencia en la administración del patrimonio público, también fomentan la secretividad y la opacidad de los grandes negocios que se presentan en esta modalidad de inversión público-privadas».
Esto se ve evidenciado en los proyectos adjudicados en concursos privados realizados por el fideicomitente, quien por ser una empresa privada no está obligada a mostrar detalles sobre dicho concurso.
Hallazgos principales de la investigación
Al finalizar esta investigación, el equipo de la Unidad de Investigación de Diario Tiempo (UIDT) concluyó que bajo la Ley de Alianzas Público Privadas (APP) se han adjudicado proyectos que contemplan una inversión de alrededor de 1,784 millones de dólares, según un cálculo realizado utilizando datos publicados por la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP).
No obstante, mediante esta ley se han concesionado al sector privado durante periodos de 12 o hasta 30 años la construcción o gestión de infraestructuras clave en el país, como puertos, aeropuertos, la distribución de energía eléctrica y algunas de las principales carreteras.
Sobre los proyectos de APP
El proyecto más importante ha sido la construcción y operación de una terminal de contenedores y de carga general en Puerto Cortés, adjudicado en 2012 a una empresa filipina, y que requiere una inversión de unos 624 millones.
El segundo proyecto más importante, otorgado en 2015, ha sido el contrato mediante el cual la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica (ENEE) privatizó una parte importante de sus funciones a favor de un consorcio liderado por la eléctrica colombiana EPM. Este contrato requiere una inversión estimada de unos 358 millones de dólares.
Asimismo, el tercer proyecto más importante es la construcción y gestión del llamado Centro Cívico Gubernamental, un conjunto de edificios que alojarán instituciones públicas en Tegucigalpa.
Este contrato, valorado en 213 millones de dólares, fue adjudicado a un grupo de empresas entre las que se encuentra William y Molina, una constructora propiedad de William Hall Micheletti, un destacado empresario vinculado al Partido Liberal (PL).
A pesar de la importancia y la cuantía de los proyectos adjudicados mediante la Ley de Alianzas Público Privadas, ha existido escasa competencia en la mayoría de procesos para decidir qué empresas serían las beneficiarias.
Cabe señalar que en unos casos, los concursos tuvieron una participación muy baja, de solo uno o dos oferentes. Se rigieron por pliegos que no promovían la competencia. En otros casos, las adjudicaciones se produjeron en licitaciones privadas. Con estas apenas se dispone información ya que fueron organizadas por bancos a los que se entregaron fondos públicos.
Falencias en la Ley de contratación del Estado
La Ley de las APP no exige los procesos de selección como demanda la Ley de Contratación del Estado. Solo exige que se adjudiquen mediante “cualquier procedimiento que garantice la ‘libre competencia’”.
Sin embargo, no está claro que Coalianza haya logrado este objetivo. Ni que el Estado esté obteniendo el mejor trato posible a cambio de bienes tan valiosos.
En el principal proyecto otorgado hasta ahora, la construcción y operación de nuevas instalaciones portuarias en Puerto Cortés, por ejemplo, sucedió lo siguiente. Las bases de la licitación establecían, básicamente, que ganaría la empresa que ofreciera al Estado un pago mayor por cada contenedor que se mueva en el puerto.
Sin embargo, las mismas bases limitaban el máximo que las empresas podían ofertar y era 19.50 dólares. Las dos empresas participantes ofrecieron el mismo pago a cambio de ganar el contrato. Esto lo que impidió al Estado es obtener un precio mejor.
En este proceso, inicialmente, se presentaron cinco empresas. Tres fueron descalificadas inmediatamente por no reunir “requisitos técnicos” y sus ofertas no fueron conocidas.
Entre las empresas que fueron descartadas se encontraban transnacionales. Entre estas, APM Terminal o PSA International, gestoras de algunos de los principales puertos del mundo.
Pliegos limitan las ganancias del Estado
Algo similar sucedió en la concesión del Centro Cívico, adjudicada a la constructora de William Hall Micheletti. La participación fue baja, participaron solo tres empresas. Y los pliegos limitaban que el Estado podía obtener a 20 millones de dólares anuales. De modo que todos los oferentes ofrecieron el mismo precio.
En el caso de la privatización de la distribución del servicio de energía, solo se presentaron dos ofertas. Una de ellas, fue descalificada. La ganadora fue la única oferta aceptada, la de la empresa colombiana EPM.
El mayor proyecto carretero otorgado bajo la Ley de Alianzas Público Privadas es el llamado Corredor Logístico, adjudicada a un consorcio ecuato-peruano, del que forma parte Hidalgo & Hidalgo, una constructora acusada en Panamá de pago de sobornos. Es de señalar que son considerados los constructores número uno y la empresa más importante en Ecuador.
Este proyecto está valorado en unos 121 millones de dólares. Según los pliegos, ganaría quien ofrecería un peaje más económico para vehículos ligeros. Sin embargo, se estableció que nadie podría ofertar menos de 80 centavos de dólar. Limitando así las ofertas. De manera que todas las empresas ofrecieron el mismo precio y finalmente el ganador se decidió mediante un sorteo.
Empresas que se han beneficiado con las APP
Entre las empresas que se han beneficiado de las Alianzas Público Privadas se encuentran varias constructoras vinculadas a partidos políticos. La más beneficiada la constructora de William y Molina. Además, del contrato para el Centro Cívico, ganó otras concesiones. Una parte del llamado Corredor Lenca y obtuvo el llamado proyecto Siglo XXI. Este último consiste en construir infraestructura urbana en el municipio de San Pedro Sula. Casi en una forma de monopolio.
Nota relacionada: Las APP, el “kilométrico” negocio de unos pocos con Fondos Públicos
Algo interesante es que William Micheletti fue regidor de esta ciudad por el Partido Liberal. Además, ETERNA, una constructora de otro político, también ganó un tramo del llamado Corredor Lenca.
Otro político obtuvo un contrato para reparar y mantener las calles de La Lima, municipio de Cortés. Hasta el momento la única Alianza Público Privada otorgada a nivel municipal.
Este contrato fue adjudicado mediante una licitación privada organizada por un fideicomiso gestionado por el banco Ficohsa. Por lo que no existe información pública sobre lo que ocurrió durante el concurso.
Vea aquí informe completo del FOSDEH
