TEGUCIGALPA, HONDURAS. La exoneración del pago de impuestos, tanto a personas naturales o jurídicas, en la compra o importación de insumos de bioseguridad para atender la pandemia de COVID-19, seguirá vigente en Honduras.
En una sesión virtual que se desarrolló este jueves, el Congreso Nacional (CN) aprobó la reforma que permitió ampliar el período de exención. La misma aplica para la obtención de materia prima, material de empaque y envase para la fabricación de productos y medicamentos.
Se hizo la enmienda a los artículos 1 y 2 del decreto número 29-2020, mismo que se publicó en el Diario Oficial «La Gaceta» en marzo de 2020, mes donde se detectaron los primeros casos de la enfermedad en el país.
La mayoría de los congresistas votó en favor tras un primer debate; por lo que, el diputado Mario Pérez presentó la moción para la dispensa de dos debates, que se aprobó.
Es así que la exoneración de impuestos estará vigente, al menos, hasta el 31 de diciembre del año en curso.
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La normativa describe, por ejemplo, que la compra de mascarillas y gel de manos que realice la población en todo el mercado estará exenta del 15 por ciento de Impuesto Sobre Ventas (ISV).
Asimismo, se establece que las instituciones del Estado tampoco estarán sujetas al pago de ISV o al desembolso del Impuesto de Producción y Consumo; la medida aplica para la compra local o importación de productos sanitizantes y medicamentos.
Argumento de la medida
Cuando se emitió el decreto, Mauricio Oliva, presidente del CN, aseguró que el principal objetivo de la legislación es poner a disposición, de forma masiva, el gel antibacterial en escuelas, hospitales y otros centros públicos.
«Son dos líneas de acción. La primera es la libre importación de material para fabricar el gel antibacterial, que permite que todos los materiales como la glicerina, el alcohol isopropílico, alcohol etílico y otros elementos que estén libres de impuesto. También se va a quitar el ISV en favor de la población», expresó en su momento.
Además, externó que el decreto procedía, en parte, a un acuerdo del Poder Ejecutivo con 14 laboratorios acreditados.
«Cada uno de estos laboratorios hizo una oferta de acuerdo a su capacidad de producción que se la comprará el Estado, por lo que, para facilitarles la importación, no les cobrará el impuesto«, explicó.
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