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viernes, noviembre 22, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó este día la garantía de Amparo a exmiembros del Consejo de la Judicatura.

Por unanimidad de votos se otorgó dicho amparo a los encausados Celino Arístides Aguilera Amador y Francisco Quiroz Mejía. Asimismo, a Teodoro Bonilla Euceda, Lilian Emelina Maldonado Sierra, Jorge Alberto Rivera Avilés y a Julio Cesar Barahona Henríquez.

En ese sentido, se les revocó a los acusados la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, el pasado 2 de diciembre del año 2021.

MP Consejo de la Judicatura
Los exmiembros del Consejo de la Judicatura, a quienes se les vincula con varios delitos.

Según el documento, se ordena la realización o ejecución del acto omitido y se proceda a ordenar la inmediata cesación de la violación declarada. Esto disponiendo lo necesario para evitar «toda nueva violación, perturbación o restricción…».

Asimismo, detalla que conforme al artículo 92 constitucional «solo podrá dictarse auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito o indicios relacionados de que los imputados sean autores o cómplices«.

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AMPARO
Documento publicado por Radio América.

Caso del Consejo de la Judicatura   

Respecto al expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, se le acusó por 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos. Mientras que a Teodoro Bonilla, se le acusó de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.

En el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. También, se implica a José Francisco Quiroz Mejía a quien le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.

A Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos. Asimismo, a Celino Arístides Aguilera se le acusó de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.

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