CORTÉS. El Poder Judicial de Honduras informó a través de un boletín la programación de la audiencia en contra del exalcalde Rodolfo Augusto Padilla Sunseri.
Según dice el documento, el Juzgado de Ejecución Penal programó el jueves 10 de marzo a las 9:00 A.M. para que la defensa del acusado presente los argumentos jurídicos y así el exedil sea beneficiado con la amnistía aprobada recientemente.
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Para que Sunseri pueda alcanzar ese beneficio, su defensor, René Altamirano Interiano, profesional del Derecho, ha solicitado al Juzgado de Ejecución Penal la celebración de la Audiencia de Extinción de Responsabilidad Penal.
El recién pasado 16 de febrero del 2022, la jueza Osiris Yamileth Maldonado admitió la documentación sobre el exjefe de la comuna sampedrana. Sunseri, en el año 2017, fue declarado culpable por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de cometer abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Pero, a su vez, se absolvió de malversación de caudales públicos.
Al exalcalde lo juzgaron por prestar L 400 mil de la Alcaldía a la exjefa de recaudación tributaria, Ada Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión por el delito de fraude.
Padilla Sunseri está prófugo de la justicia desde el mes de septiembre del año 2017. En ese momento él se fugó de su casa ubicada en la colonia Trejo de la ciudad de San Pedro Sula. Él estaba con arresto domiciliario.
Aprobación de la amnistía
A raíz de su fuga, las autoridades emitieron una orden internacional de captura. Esta se giró por segunda vez en diciembre del 2019 por 87 casos de abuso de autoridad y uno de malversación de caudales públicos.
La amnistía denominada Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, la aprobaron el reciente 3 de febrero por el Congreso Nacional (CN).
La norma concede «amnistía general, amplia e incondicional» a funcionarios, empleados o autoridades electas durante la Administración de Zelaya (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009), quien es esposo y asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
Además, incluye a las personas «víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos calificados como políticamente motivados».
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