TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una orden de captura internacional con alerta roja solicitó ayer la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) contra el empresario Juan José Lagos, esposo de la ex diputada nacionalista, Waleska Zelaya, implicado en la venta irregular de mascarillas al Estado durante la pandemia de COVID-19.
El señor Lagos es dueño de la empresa G y T, y actualmente se encuentra fuera del país. Por tal razón, las autoridades hondureñas lo consideran prófugo de la justicia.
En base a ello, los fiscales asignados al caso confirmaron la petición de alerta roja internacional a la INTERPOL en su contra.
Asimismo, Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, confirmó que realizaron el trámite correspondiente con autoridades de INTERPOL para que se capture a Lagos en cualquier lugar que se encuentre.
«Posteriormente lo traerán al país para que responda por el delito de fraude que se le acusa», aseguró Galindo.
Además, señaló que hasta el momento no tienen comunicación sobre si el procesado se entregará de forma voluntaria. Por tanto, la alerta roja en su contra se mantiene vigente.
Lagos figura en un requerimiento fiscal que interpuso la UNAF en los Juzgados en Materia de Corrupción, por su presunta participación en la venta irregular de 474 mil mascarillas al Estado.
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INVEST-H
En la acusación del MP, también figuran los ya sentenciados por la compra irregular de siete hospitales móviles y exfuncionarios de la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn (preso) y Alex Moraes.
Moraes recobró su libertad días atrás debido a que el delito por el que fue hallado culpable no conlleva penas de prisión. Sin embargo, nuevamente lo capturaron y lo llevaron a los juzgados.
También están el contador general de INVEST-H, Carlos Luis Guevara, a quien agentes de la ATIC lo detuvieron en el Kilómetro 9 a Santa Lucía, y Bessy Roxana Rodríguez, especialista administrativo y financiero de esa institución. A ella la arrestaron en el Centro Cívico Gubernamental.
Mientras que, la ATIC realizó ayer varios operativos para dar con el paradero de las empresarias Elena María Hernández, representante legal de German Ferretería, y María Elena Palacios Hernández, ligada también a esta ferretería. La aprehensión de esta última se logró hasta anoche en la colonia Lara de Tegucigalpa.
Defraudación
Entre abril y mayo de 2020, el Estado se vio obligado a comprar material de bioseguridad, entre esos mascarillas quirúrgicas, por lo que, exfuncionarios de INVEST-H se confabularon con las empresas GYT simulando la venta de 474 mil mascarillas por 50 millones 836 mil 500 lempiras. El precio bajó a 39 millones 396 mil lempiras, cifra que se canceló a German Ferretería y esa devolvió a GYT, 37 millones 189 mil lempiras.
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