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jueves, noviembre 21, 2024

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ATLÁNTIDA, HONDURAS. Con la intención de contrarrestar el cambio climático, las autoridades del municipio de El Porvenir han prohibido la utilización de plásticos en ese sector.

Así lo dio a conocer Mario Meléndez, alcalde de esa localidad, quien indicó que está consciente que esos desperdicios son perjudiciales para los océanos. Al tiempo que agregó “estamos queriendo emular lo hecho por otras municipalidades”.

uso de plásticos
Establecimientos que violenten la ordenanza podría recibir hasta una sanción económica.

El funcionario dio a conocer que la ordenanza ha sido publicada a través de un boletín, y que los centros públicos aledaños a la playa ya conocen la nueva disposición.

El edil informó que los negocios que incumplan con la ley serán amonestados por escrito; y, de no acatar la ordenanza, serán sancionados económicamente.

Asimismo, Meléndez animó a la población a utilizar sus propias bolsas reusables para acarrear los artículos comprados en esos establecimientos.

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Roatán el primero en prohibir plásticos

El 8 de enero del 2019 la municipalidad de Roatán fue la precursora de este tipo de medidas en el país. Esto, luego de aprobar la prohibición de la venta y utilización de pajillas y bolsas plásticas en la isla.

La petición se hizo a través del portal change.org y una vez recibida la misma, las autoridades de Roatán ejecutaron la ordenanza,

Es oportuno mencionar que miembros de la Sociedad Civil, patronatos y  organizaciones ambientales, apoyaron la iniciativa. A ello se suma la aprobación de los demás residentes isleños.

La disposición

La iniciativa prohíbe a todo establecimiento comercial poner a disposición de sus clientes bolsas plásticas desechables.

Lo anterior se refiere a todas aquellas que sirvan para el acarreo, contención y transporte de artículos.

Sin embargo, esta ordenanza no aplica a las bolsas plásticas de embalaje o empaque desechables. Esto, debido a que forman parte integral de productos o artículos alimenticios y de limpieza.

Las multas económicas oscilan entre 10 y 500 lempiras y son impuestas en todos los establecimientos que incumplen la normativa.

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