SANTA BÁRBARA, HONDURAS. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó este viernes un requerimiento fiscal en contra del exdirector ejecutivo de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruíz Nieto.
De acuerdo con lo que detallaron los fiscales, mediante la «Operación Omega XI» han comenzado allanamientos, inspecciones, detenciones, decomisos y más acciones en el caso de Ruíz Nieto.
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Millonario lote
Por otro lado, dijeron que el acusado ahora labora en la Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias (COPECO). «Se ha solicitado que se señale su audiencia de declaración de imputado. Se le supone responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios», añadieron.
De acuerdo con la información recabada por la FETCCOP y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el exdirector ejecutivo de la OABI no siguió un trámite legal correspondiente.
Además, supuestamente, manejó de forma irregular un lote millonario de 136 joyas y 258 relojes incautados el 28 de agosto de 2017 por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en El Progreso, Yoro, durante la «Operación Emperador».
Asimismo, dieron a conocer que lo anterior derivó a que en octubre de 2019 se extraviaran 45 piezas de joyas y 28 relojes. «Constituyéndose esto en un acto que acarrea responsabilidad penal», agregaron.
Caso IHSS y otros
Por otro lado, la FETCCOP y la ATIC realizan inspecciones y secuestro de documentos por dos casos relacionados a una red de falsificación de incapacidades en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Choluteca.
De igual forman están investigando presuntas irregularidades en el Catastro de la Municipalidad de Puerto Cortés. La misma situación está ocurriendo en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de San Francisco, en el departamento de Atlántida.
Por otra parte, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) lleva a término inspecciones, toma de declaraciones y otras diligencias de investigación en las ciudades de San Pedro Sula, Tocoa y La Paz.
Las acciones son por presuntos delitos en perjuicio de la administración pública en el rubro de infraestructura y de cara a acusaciones a presentarse próximamente.
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