TEGUCIGALPA, HONDURAS. La abogada Rosa Elena Bonilla, defensora legal del expresidente Juan Orlando Hernández, explicó este lunes que el recurso de apelación que presentaron ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para evitar la extradición de su representado, lleva como fundamento varias solicitudes y alegatos jurídicos que deben analizarse previo a tomarse una determinación.
Según la togada, el primer fundamento se relaciona con la inmunidad que tiene JOH como diputado del Parlamento Centroamericano.
En el documento de apelación, el equipo de defensa pidió a la CSJ que se realice una consulta prejudicial ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), para que informe sobre los alcances y prerrogativas de esa inmunidad que se concede a los diputados del Parlacen.
«Existen al menos dos casos que generan jurisprudencia por fallos de la CCJ que beneficiaron a los acusados cuando eran expresidentes. Ellos gozaban de inmunidad por ser miembros del Parlacen, uno a Martin Torrijos y otro a Ricardo Martinelli”, recordó Bonilla.
En ese sentido, la abogada afirmó que se había hecho la solicitud ante al Juez Natural de hacer consultas prejudiciales ante la CCJ, pero este lo desestimó. «Por eso habíamos pedido que se reprogramara la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, porque nosotros ya hicimos la consulta ante el Tribunal Centroamericano, pero no ha enviado aún respuesta. Hicimos la misma solicitud ahora ante el Pleno de la CSJ, que esperemos a la respuesta a nuestra consulta”, aseguró la abogada Bonilla.
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Debe escucharse a la CCJ
Del mismo modo, la profesional del Derecho expresó que existe al menos dos casos donde la CCJ falló a favor de los acusados, considerando que la inmunidad que otorga el Parlacen a sus miembros aplica en su totalidad frente a terceros países. Eso quiere decir que cuando un país que no forma parte de ese órgano legislativo centroamericano, solicita a uno de sus miembros en extradición.
«Los diputados del Parlacen gozan de las mismas prerrogativas que la norma local de cada nación le otorga a sus diputados. En el caso de Honduras no hay inmunidad, pero cuando es un tercer país que solicita la extradición, en este caso Estados Unidos, debe primero escucharse a la CCJ», añadió Bonilla.
La abogada agregó que Honduras es signatario del Tratado de Tegucigalpa y del Estatuto que dio vida a la CCJ. «Por eso, antes de emitir un fallo, la CSJ debería escuchar la opinión de ese órgano centroamericano», aseveró.
«De conformidad con la legalidad y el debido proceso, la CSJ debe de dilucidar primero con la CCJ si existe o no prerrogativa de inmunidad para un diputado del Parlacen frente a terceros países. Nosotros creemos que sí, ya hay al menos dos casos anteriores donde se le reconoció. Lo que pedimos es que se escuche a la CCJ antes de emitir un fallo”, reiteró la togada.
Al menos 32 causas abiertas en Honduras
Por otra parte, la defensa del expresidente sostiene que de acuerdo con información oficial que el Ministerio Público envió a la CSJ, en atención a una solicitud que presentó la defensa, hay 32 causas abiertas en contra de Hernández Alvarado, dos de ellos por casos similares a los que motivan la solicitud de extradición, que deberían evacuarse primero en Honduras, antes de otorgar el pedido de Estados Unidos.
«De acuerdo con los artículos 263 y 264 del Código Procesal Penal son etapas del proceso judicial las denuncias e investigaciones. Esto quiere decir que el proceso inicia con la denuncia y la investigación preliminar, también forma parte del proceso judicial. No se necesita que se libre un requerimiento para que se considere que hay un caso abierto. Está comprobado que estas acusaciones no están archivadas y no están cerradas. Son 32 procesos abiertos y por ende la extradición debe esperar hasta que estas denuncias las evacuen en Honduras», concluyó Bonilla.
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