TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado penalista Marlon Duarte, aseguró que la Ley de Privación de Dominio debe reformarse, ya que asegura que existen vacíos legales en la misma.
«Le tomo la palabra al expresidente Zelaya, todo este manojo de leyes vinieron a degenerar el derecho a la propiedad y la presunción de inocencia. Aquí con dos testigos ya le dicen que su casa usted la obtuvo de una manera ilícita», aseguró Duarte.
El abogado indicó que la normativa en referencia, así como otras aprobadas en los gobiernos de 2010 a 2022, «la mayoría, son nefastas”.
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“Tal vez el vehículo o la casa no es compatible con la actividad ilícita y sin ninguna investigación previa le quitan sus bienes”, mencionó Duarte.
En ese sentido, explicó que la Ley de Privación de Dominio, Lavado de Activos y otras similares, deben reformarse, con la finalidad de estar enmarcadas en respetar las garantías establecidas en la Constitución de la República.
“Otras de las nefastas es la Ley de Lavado de Activos, donde el Ministerio Público (MP) solo tenía que sumarles las transacciones bancarias y cuántas casas tenía, aunque fueran de los años setentas, ochentas y noventas y le presentaban requerimiento fiscal por lavado de activos”, concluyó Duarte.
Marlon Duarte sobre Ley de Política Limpia
Las modificaciones a la Ley de Política Limpia, que días atrás aprobó el Congreso Nacional, ha sido uno de uno de los temas más sonados, porque algunos precandidatos a cargos de elección popular argumentan que las reformas se hicieron para favorecer a «X» candidato.
Por su parte, el abogado Marlon Duarte, dijo a Diario TIEMPO que «no es el punto que la reforma fue a X candidato para que pudiese abrir una cuenta bancaria. Eso es falso«. Además, el profesional del derecho detalló que, el punto de la fiscalización del dinero que reciben las campañas políticas de «X» candidato, no radica en si él puede abrir o no abrir una cuenta bancaria.
«Las instituciones que son supervisoras, en este caso, los bancos, a través de la Comisión de Bancos y Seguros, también tienen la independencia de decidir si le abren o no la cuenta a quien quieran, ya sea que esta persona esté acusada o que no tenga ningún proceso de investigación. Es una potestad del banco, aun cuando violenta el principio de derecho que tienen los ciudadanos«, ahondó.
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