Redacción. El Poder Judicial, mediante un juez en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, dictaminó detención judicial y prisión preventiva para la abogada Diana Gissela Zelaya Banegas.
A Zelaya la suponen responsable de entregarle 445,000 lempiras al exdirector del centro penal «La Tolva», José Arita, quien ya se encuentra guardando prisión.
La profesional del Derecho cumplirá esta medida en la el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS). Permancerá allí hasta que se desarrolle su próxima audiencia inicial el próximo miércoles 20 de diciembre en los Juzgados de Criminalidad Organizada y Corrupción.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Zelaya habría entregado el dinero al coronel Arita en las instalaciones de «La Tolva», en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.
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El exdirector, José Arita, se deberá presentar a una audiencia inicial el día de mañana martes a las 9:00 de la mañana. Allí se evaluará la carga probatoria de la parte acusadora y la de la defensa del imputado.
Acusaciones contra exdirector de «La Tolva» y otros funcionarios
La abogada Zelaya, el exdirector carcelario y otros funcionarios, están acusados por los delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
Dos de los funcionarios fueron capturados el pasado jueves 14 de diciembre. Mientras que a la abogada la detuvieron unos días después.
El dinero decomisado supuestamente iba dirigido a la Pandilla 18. Y se los harían llegar a través de una abogada de la estructura criminal.
El titular de la Secretaría de Defensa, José Manuel Zelaya, comunicó que “el director del Centro Penal de Morocelí, coronel Rodomiro Arita, fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades competentes por suponerlo responsable de pretender ingresar una cantidad de dinero al Centro Penal, en colaboración de dos profesionales del derecho. La investigación y detención se llevó a cabo por la PMOP”.
Por otro lado, la defensa de los imputados aseguró que el dinero que se les decomisó a los funcionarios era para celebrarles las fiestas de Fin de Año a los privados de libertad y a los empleados del recinto.
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«Ese dinero era para celebrarles la cena navideña y el Año Nuevo. En ningún momento las autoridades del centro penitenciario negaron la existencia de este dinero y va a ser desvirtuado. Es más, esta fue una decisión tomada por unanimidad por el Comité Técnico Interno», expresó Luis Romero, abogado defensor, a medios de comunicación.
