TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, condenó la muerte violenta de la fiscal ambientalista, Karen Almendarez, hecho que se registró el pasado viernes 27 de mayo.
En un comunicado, el CONADEH compartió que desde el 2004 se han registrado al menos 200 crímenes en contra de juristas.
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Asimismo, manifestaron que más del 90 % de los casos permanece en la impunidad.
“Nos solidarizamos con la familia doliente y urgimos de las autoridades competentes actuar con prontitud, firmeza y diligencia en la investigación del caso hasta identificar y castigar con todo el peso de la ley”, indica el documento.
En este sentido, el CONADEH indicó que la profesión del derecho se ha vuelto de alto riesgo en el territorio nacional. “En los últimos años, el ejercicio de esta profesión se ha convertido en una labor de alto riesgo para quienes la ejercen”, señaló.
De igual manera, contabilizan 200 actos violentos en contra de profesionales del derecho en los últimos años.
“Nuestros registros estadísticos indican que desde el año 2004 a la fecha, alrededor de 200 profesionales del derecho han perdido la vida en circunstancias violentas”, detalló.
En este sentido, CONADEH destacó que el 18 % de estos crímenes se ha cometido en contra de mujeres.
“Se estima que el 18 % de las víctimas son mujeres. En lo que va del año, al menos tres abogados han muerto en esas circunstancias, entre ellos una mujer”, indicó la organización.
Preocupación
CONADEH expresó, mediante el comunicado, que le preocupa los niveles de impunidad en estos casos. “Nos preocupa que la impunidad sigue siendo un enorme problema de país, que es más evidente cuando se violenta el derecho la vida”, expresó.
En el comunicado, la organización señala que el porcentaje de impunidad sobrepasa el 90 %.
“Se estima que más del 90% de los crímenes cometidos contra miembros del gremio de los abogados quedan impunes por falta de una investigación”, explica el documento.
CONADEH hizo un llamado al Estado de Honduras para garantizar el ejercicio del derecho en el territorio nacional. “El Estado hondureño está en la obligación de garantizar que los abogados del país desempeñen sus funciones profesionales sin ningún tipo de intimidación”, indican.
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