HONDURAS. El 16 de diciembre del año 2019, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) tomó el control operativo y administrativo de las cuatro cárceles de máxima seguridad del territorio nacional.
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Támara, Francisco Morazán, «El Pozo», en Ilama, Santa Bárbara, «La Tolva», ubicada en Morocelí, El Paraíso, y la cárcel Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, pasaron a manos de esta institución.
De la misma manera, el centro penal de Yoro, Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Comayagua, Nacaome y de Intibucá.
FUSINA sustituyó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quienes fueron suspendidas tras constantes acontecimientos de violencia ocurridos al interior de varias cárceles hondureñas. La orden la giró el presidente Juan Orlando Hernández.
Rosa Gudiel era la directora y Germán McNeil el subdirector del INP. No obstante, tras perder el control de los centros y al aumentar los crímenes dentro de los muros de «máxima seguridad», muchos sectores sociales pidieron la destitución.
Las nuevas autoridades de los centros penitenciarios manifestaron en ese entonces que iban a «establecer el orden y el control inmediato de los centros». Pero, ¿lo lograron?
Prórroga dada por el CN
Ahora bien, los diputados del Congreso Nacional (CN) decidieron recién el 14 de enero del 2022 darle una prórroga a la gestión de FUSINA frente a los centros carcelarios del país. Es decir, ampliar la administración.
No obstante, no todos estuvieron de acuerdo con esta determinación. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) denunció a través de un comunicado que FUSINA ya no puede seguir dirigiendo las cárceles de Honduras.
En el documento la organización afirma que FUSINA ya no puede estar a cargo de los centros penales, debido a los «regímenes de tortura» que existen dentro de éstos.
«Señalamos como irresponsables a los diputados por no haber considerado que el
Estado de Honduras tiene compromisos internacionales relacionados con el
traspaso del Sistema Penitenciario ha autoridades civiles», detallaron también por la decisión del CN.
Problemas de las cárceles
Asimismo, en el comunicado afirmaron que las prórrogas se consideran una acción «extremadamente grave» por parte de los organismos internacionales, porque la gestión de los militares ha sido incapaz de crear valor en beneficio de los privados de libertad.
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares señala que en los centros penales del país todavía no se ha dado una reducción real de la población carcelaria y del hacinamiento.
«Solo para un ejemplo, en la Penitenciaria de Támara la sobrepoblación es del 98 %», aseguró la organización. Además de eso, denunciaron que no hay acceso digno a la salud y solo cinco centros penales tienen un cuadro básico de medicina.
Por otro lado, señalaron los torturas a las que son sometidos los reos. Como prueba, relataron que el Director de la Penitenciaria Marco Aurelio Soto atacó a un privado de libertad causándole severas fracturas en su cuerpo.
Pronunciamiento de Derechos Humanos
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), opinó que considera que «aún no se ha dicho la última palabra».
Además de eso, indicó que se deben mejorar las prácticas humanitarias de los derechos de los privados de libertad. «Nos han reportado circunstancias en diferentes centros penitenciarios del país», precisó.
Maldonado también externó que muy poco se dice de los problemas que viven los reos, porque muchos consideran que es «defender un delincuente».
«Cuando decimos que debemos mejorar las condiciones nos referimos a todo ese contexto que se ha dicho de las violaciones. El problema es que no hay un ente que se encargue de eso», añadió.
Asimismo, reiteró que en las cárceles se han dado masacres, las cuales no se investigan a fondo y nada más quedan como estadísticas.
«El Gobierno aún no garantiza la seguridad de los privados de libertad. Hay determinados abusos a los derechos que no llegan a los entes», finalizó.
Incidentes desde que asumió FUSINA
Los hechos no se detuvieron pese al mandato de FUSINA, pues en diferentes centros penitenciarios se siguieron presentando incidentes, algunos más fuertes que otros.
Para marzo del 2020, se reveló que seis privados de libertad que habían fugado de la Penitenciaria Nacional de Támara. De igual forma, en julio del 2020 hubo un tiroteo en la cárcel y las autoridades confirmaron que había sido un atentado contra custodios.
En el mes de agosto del 2020, se produjo una masacre en la cárcel «La Tolva», en Morocelí, El Paraíso. Allí, tres miembros de la Pandilla 18 fallecieron en su módulo asignado (número cinco).
En ese centro, en diciembre del 2020, se confirmó la muerte de uno de los implicados en la desaparición del niño Enoc Pérez y el homicidio de tres de sus familiares. Las autoridades señalaron que este murió por ahorcamiento.
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